CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

PRESENTACIÓN
Para lograr un sistema de justicia más efectivo, que resuelva los conflictos penales que surgen entre los ciudadanos, se hace necesario asegurar el respeto de los derechos y garantías de todos los intervinientes en el proceso penal. Dichos instrumentos están consagrados en nuestra Carta Magna, que recoge lo esencial de la administración de justicia y que sirve de marco para el sistema procesal penal que se aplica actualmente en nuestro país.

Como República, hemos tenido cuatro constituciones distintas: la de 1904 (de corte estrictamente individualista), la de 1941 (constituyéndose en la primera constitución social panameña), la de 1946 (que eliminaba preceptos que privaban la nacionalidad por su condición de raza a ciertos nacionales), y la de 1972 (constituyéndose de manera expresa en un sistema militar de gobierno). Esta última fue modificada por los actos reformatorios de 1978 (que establecían la elección popular directa del Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo de seis años), mediante acto constitucional de 1983 (con el cual se fijó el periodo de gobierno en cinco años), y por los actos legislativos No. 1 de 1992 (se introdujeron nuevos preceptos y modificaciones, entre las que se destaca la eliminación de los ejércitos), 1994 (se adicionó un título relacionado al Canal de Panamá) y de 2004 (eliminando el segundo Vicepresidente y el segundo suplente de los Diputados), por destacar las modificaciones más relevantes.

La importancia del conocimiento y estudio del contenido constitucional, así como de los derechos y garantías que la misma consagra, no es materia nueva ni una creación que se desprende de la Ley N° 63 del 28 de agosto de 2008, la cual adopta el Código Procesal Penal; muy por el contrario, el máximo texto jurídico del país ha formado parte de nuestra historia como Estado autónomo e independiente.

Sin embargo, debido a que lo que se pretende con la implementación del Sistema Penal Acusatorio en nuestro país es lograr, entre otras cosas, un mayor acceso a la justicia e intensificar el respeto, protección y aplicación de los derechos y garantías constitucionales para las partes, en un balance ideal entre éstos y el deber de persecución del delito, resulta relevante dar una nueva mirada al texto constitucional.

Esta versión de la Constitución Política de la República de Panamá, acompañada de un índice temático, viene a constituirse en una herramienta jurídica, que se suma a los elementos que facilitarán a los colaboradores de la Institución desarrollar un trabajo cónsono con lo que demanda la Ley.